Guatemala es firmante y parte de la Convención Sobre el estatuto de Refugiados, adoptada en Ginebra, Suiza, el 28 de julio de 1951 por la Conferencia de Plenipotenciarios sobre el Estatuto de los Refugiados y de los Apátridas.    Guatemala aprobó y ratifico dicha convención por medio del Decreto ley Numero 34-83, del 29 de marzo de 1983, se adhirió a dicha convención el 29 de marzo de 1983; la fecha en que hizo el depósito de tal convención fue el 22 de septiembre 1983  ante la ONU y finalmente se publicó el  25 de noviembre de 1983.   Esta Convención es ratificada por 145 Estados parte.

¿Que establece dicha convención? y ¿a que se obligó la República de Guatemala? La convención sobre el estatuto de refugiado abarca y define el termino Refugiado y que obligaciones se imponen a los estados partes para su protección, y establece un principio muy importante que se denomina el principio de no devolución.

Según la convención de 1951 y su protocolo de 1967  el termino refugiado se aplica a toda persona que:

1. Debido a los fundados temores de ser perseguida por motivos de:

a) RAZA,

b) RELIGIÓN,

c) NACIONALIDAD,

d) PERTENENCIA A UN DETERMINADO GRUPO SOCIAL,

e) OPINIONES POLÍTICAS,

Y que, por lo mismo, se encuentre fuera de su país de nacionalidad y no pueda, o a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de su país. También aplica esta definición a:

aquella persona que ha huido de su país porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por:

a) La violencia generalizada,

b) La agresión extranjera,

c) La violación masiva de los derechos humanos,

d) Otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público,

e) Al que sufra persecución a través de violencia sexual u otras formas de persecución de genero basada en violaciones de Derechos Humanos consagrados en Instrumentos Internacionales

Esto último es una definición ampliada sobre el termino de refugiado de acuerdo a la declaración de Cartagena de 1984, la cual amplia la definición de la Convención de 1951.

Del análisis anterior podemos concluir que Las personas refugiadas son todas aquellas que huyen de su propio país por:
• Persecuciones,

• Temor a su integridad física,Y por ello buscan:

• Seguridad y salvaguardar su vida en otro país.

Dichas personas, pueden optar o solicitar Asilo y obtener así el reconocimiento como Refugiado.   Se les considerará como personas Refugiadas, cuando se resuelve la solicitud por medio de la Autoridad Migratoria Nacional.

Me permito hacer el análisis anterior ya que estas personas, huyen de sus países y se están movilizando a gran escala mundialmente, según el informe estadístico anual, tendencias globales, del ACNUR del año 2017, son 65 millones de personas desplazadas, de las cuales, las personas que han huido de su país por los conflictos y las persecuciones ascienden a los 25 millones de personas.   En el área de centroamericana según datos proporcionados por ACNUR, son 164,000 personas refugiadas y solicitantes de asilo en el triangulo norte de Centroamérica, dichos desplazamientos masivos en su mayoría son causados por los altos niveles de violencia de grupos delictivos que operan en el área, que van desde el aumento de los índices de homicidios, violencia sexual, desapariciones, reclutamientos forzosos por parte de las pandillas, extorsiones, etc. Por lo anterior, hay una gran movilización de personas, sobre todo de familias completas, que corren hacia países fronterizos y vecinos, por lo cual países como Estados Unidos, México, Guatemala, Belice, Costa Rica, Honduras, Panamá, el Salvador se están viendo afectados por tal situación.   Ante esta situación,  Guatemala, Honduras y el Salvador, adoptan el plan alianza para la prosperidad en el triangulo norte, que tiene como objetivo principal frenar los desplazamientos masivos de esos países, a través del fomento a la seguridad y desarrollo económico, obviamente con ayuda económica de los Estados Unidos, que solo en el año 2016 otorgo a dicho plan USD 750 millones de dólares, para controlar la migración irregular en la región.

El plan alianza para la prosperidad en el triangulo norte, de acuerdo al informe anual del banco interamericano de desarrollo del año 2018, a aprobado 33 prestamos por un monto de USD 2,400 millones, y 71 cooperaciones técnicas no reembolsable que suman 59 millones de dólares, para conseguir los objetivos antes mencionados.   En el informe se establece que hay una limitante muy grave para desarrollar el plan, y es que temas como la corrupción, falta de transparencia,  merman los esfuerzos para frenar las causas de la migración irregular, temas como el poco acceso a la información publica y la gran discrecionalidad que se otorga a los funcionarios públicos, que crean leyes y reglamentos a la medida, que provoca que no se cuenten con reglas claras y por lo tanto se continúe viendo grandes casos de corrupción en la región.

Guatemala hace grandes esfuerzos por tener reglas claras en materia de desarrollo económico, empleo y migración, de hecho en año 2016 se decretó el Código de Migración, por parte del Congreso de la República, el cual define derechos y obligaciones de los migrantes, se crea dos instituciones básicas, la Autoridad Migratoria Nacional, que tiene como objetivo fundamental, la creación de la política migratoria de Guatemala, y se crea el Instituto Guatemalteco de Migración, como entidad autónoma, cuyo objetivo es ser el promotor de los derechos de los migrantes, así como se encargara de velar por la correcta aplicación e interpretación del Código migratorio y sus reglamentos.   La realidad es que la puesta en marcha de dicha legislación esta causando muchos problemas a la institución de reciente creación, y aún mas a la población migrante, ya que se enfrenta con reglamentos que en muchos casos riñen con la Constitución Política de la República,  el Código de Migración, el Pacto de San José y los convenios internacionales que protegen a las personas migrantes y sus familias, (que por cierto no son ratificadas por los Estados Unidos) por la única y sencilla razón,  de que los funcionarios de dicha institución tiene amplias facultades discrecionales que en mucha ocasiones contrarían las leyes expuestas, en consecuencia se convierten en instrumentos legales anti técnicos, ambiguos, poco claros quedando a merced de los criterios que manejan los funcionarios de turno y cuando existe discrecionalidad puede que en un porcentaje muy alto, exista corrupción.

Dicho lo anterior, una persona reconocida bajo la condición de refugiada en el país, tendría que pagar para ser considerada residente temporal o permanente, 235 dólares de los Estados Unidos de América, y si tomamos en cuenta la exposición establecida ut supra, son personas que han huido de su país, y que en el 99% de los casos vienen sin documentos y menos con dinero en las bolsas, además deben cumplir con requisitos absurdos como lo son, establecer o demostrar capacidad económica, y presentación de documentos tanto de Guatemala y en algunos casos del país de origen, contraviniendo a todas luces, lo establecido en convenios internacionales en materia de refugiados.    De todo esto, no existen pronunciamientos o la intervención activa de las oficinas nacionales e internacionales en materia de refugiados en Guatemala, como lo es la representación del ACNUR en Guatemala (la gran ausente).

En esa línea de ideas, Guatemala no esta ni un poco preparada para convertirse en un país que reciba una cantidad masiva de personas solicitantes de refugio, en 2018 fueron 50,000 solicitudes que según medios de comunicación, recibió Estados Unidos, contra 200 solicitudes que se recibieron en Guatemala, de las cuales muchas están pendientes de resolver, y lo gracioso del caso es que nuestro país Guatemala, es el segundo país que firma este acuerdo, después de Canadá.   Antes de finalizar, debo expresar que la última semana de julio, Guatemala firmo un acuerdo con Estados Unidos sobre, trabajadores temporales en ese país, ¿valdrá la pena? o es un justo equilibrio tener esa cantidad de solicitudes de refugio y por lo mismo al propio solicitante en Guatemala contra una mínima cantidad de visas de trabajadores agrícolas, tomando en cuenta que ese convenio firmado por el Ministerio de Trabajo, queda totalmente dependiente y a discreción de los empleadores estadounidenses, y no depende en nada de nuestro país.   Dato importantísimo, según autoridades de trabajo la migración es un fenómeno económico, sin embargo, autoridades de países como el Salvador, Honduras y muy indirectamente Guatemala, establecen que hay desplazamientos forzados por la violencia generalizada en el triangulo norte.